Clarín – Fecha : 31 de diciembre de 1999
Hasta ahora, todo se maneja en el mayor secreto. Pero la negociación es febril e involucra a los principales empresarios y dirigentes sindicales. Se trata de una operación política estratégica para el Gobierno: Fernando de la Rúa pretende que los hombres de negocios y los gremialistas firmen un acuerdo que avale la política económica del gobierno de la Alianza. Y así bendigan el paquete productivo, que contendrá la ley de emergencia económica, hasta ahora sólo bosquejada en un memorando.
Se avanza con hermetismo, pero con urgencia. El Presidente quiere tener ese aval social antes de iniciar a fines de enero su primer periplo internacional de Davos. Alberto Flamarique, el ministro de Trabajo, expuso la iniciativa a la cúpula sindical y José Luis Machinea comenzó igual trámite con la Unión Industrial Argentina.
Fernando de la Rúa no habló personalmente del tema con los actores sociales. Pero fogoneó el diálogo con Armando Cavalieri y le dio un trato preferencial al grupo productivo.
La cuestión estuvo presente al promediar diciembre, durante un prolongado asado en una quinta del conurbano. Hablaron del proyecto Osvaldo Rial, Pablo Challú e Ignacio de Mendiguren junto con Juan Manuel Palacios, Raúl Moyano, Armando Cavalieri y Carlos West Ocampo.
Caciques sindicales y empresariales tuvieron como mediador a un influyente hombre de la Iglesia; ese día repasaron la realidad socioecónomica con el cardenal Raúl Primatesta. El obispo pretende ser anfitrión de otro encuentro, a la brevedad. Una vez que termine la fiesta de Reyes, se volverán a ver la cara en la ciudad de Córdoba. El ministro de Trabajo ya estaría informando de la iniciativa.
En los encuentros -hasta ahora- se plantean dos cuestiones centrales: existe seria preocupación por el grado de deterioro social y precisamente por eso están dispuestos a apoyar al Gobierno para apuntalar un giro productivo dentro del modelo de la convertibilidad.
Pero ponen una única condición: que el paquete que la Alianza lanzará incluya señales concretas para reactivar la economía, crear confianza y generar nuevos puestos de trabajo.
Es un dato histórico que la actividad productiva fue relegada en el último cuarto de siglo, después de tener su auge durante el peronismo, la década del 60 y el inicio de los convulsionados 70. A partir del «Rodrigazo», en 1975, el retroceso industrial fue directamente proporcional al aumento del desempleo y a la crisis socioeconómica.
La Alianza no busca un pacto con medidas precisas y obligaciones definidas para ambos sectores. Los funcionarios saben lo difícil que es unir las partes cuando se discuten cuestiones puntuales. El menemismo no lo logró en una década de gobierno, con excepción de un acuerdo que se firmó en 1994 y nunca se cumplió.
Por eso en el Gobierno quieren otra cosa: un apoyo político general, pero explícito, a la orientación del paquete y un aval concreto a la gestión de De la Rúa. Se intenta lograr un concenso que destrabe la oposición del peronismo en el Congreso y le otorgue un fuerte aval al Presidente para encarar las negociaciones externas.
El miércoles se evaluó la seriedad de las negociaciones en un discreto encuentro del Frente Productivo.
«Que la Sociedad Rural se integre al Frente Productivo y que Confederaciones Rurales se asocie al Grupo de los 8», sugirió, sin consenso, el empresario cordobés. Dicen que la iniciativa sólo fue aplaudida por el vicepresidente de la Unión Industrial, Alberto Alvarez Gaiani.
Pero no tuvo el apoyo de la mayoría. El primero en desautorizarla fue Osvaldo Rial y le siguió Ignacio de Mendiguren.
Eduardo Baglietto, presidente de los constructores, cuestionó la idea. El titular de Confederaciones Rurales Argentinas ni siquiera aceptó que fuera sometida a debate.
«Tuve que enfrentar muchos cuestionamientos internos para estar en el Frente Productivo. A nosotros no nos interesa integrar el Grupo de los 8», dijo fulminante el ruralista Juan Corea.
Así quedó archivado el proyecto de Roggio. Y más aún: el Frente Productivo iniciará reuniones en el Congreso para convalidar su identidad como interlocutores del Gobierno.
La Asociación de Bancos Argentinos se mantuvo, oficialmente, al margen de estas disputas. Pero se dice que son los banqueros los que están detrás de los movimientos de la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio. Benito Roggio es constructor, pero también milita como financista en ABA.
Los miembros de la city tomaron esta semana una decisión política clave al dar un respaldo fuerte al Palacio de Hacienda.
Con la firma del influyente Norberto Peruzzoti, la Asociación de Bancos avaló en forma categórica la gestión de José Luis Machinea.
Lo afirmó sin preámbulos: «Los esfuerzos del Gobierno por alcanzar un déficit fiscal de 4.500 millones de pesos promoverá la confianza de los inversores y recuperará la economía y el empleo».
Este fue el segundo aval importante de los hombres de negocios que cosechó el equipo económico. El primero lo dio la Unión Industrial.
Ambos están indicando una decisión precisa del conjunto del movimiento empresarial: dar un amplio apoyo, para permitir que la Alianza dé sus primeros pasos y consolide su rumbo en el Gobierno.
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