Desde el comienzo de la presente década, el sindicalismo fue incorporando en la lista de sus prioridades toda la problemática ligada a la reconversión laboral y la articulación del mundo del trabajo, con sus nuevas realidades al sistema educativo, esperando encontrar en el mismo, respuestas para las crecientes necesidades de nuevos conocimientos que exigía y exige la nueva organización de la producción y los servicios.

Indudablemente nuestra educación no estaba preparada para afrontar este desafío, como no lo estaba ningún sector de nuestra sociedad. Todos debimos iniciar un complejo aprendizaje de urgencias inéditas, ya que de la celeridad y acierto de las respuestas que debimos y debemos articular depende, en gran medida, la construcción de una sociedad, que ofrezca posibilidades de integración para todos.

Como una primera respuesta numerosos sindicatos iniciamos o profundizamos nuestros compromisos educativos en general y con la Formación Profesional en particular. A lo largo y a lo ancho del país se fueron elaborando diferentes propuestas de Formación Profesional, que tendieron a dar respuesta inmediata a las necesidades de los trabajadores.

Al mismo tiempo nos involucramos fuertemente en la discusión teórica destinada a encontrar las fórmulas más eficaces en articular Educación–Trabajo. Tanto en el Consejo Nacional de Educación y Trabajo, que funciona en el Ministerio de Cultura y Educación, como en el Sub. grupo 10, referido a la Formación Profesional, en el contexto de la integración regional del Mercosur, la Confederación General del Trabajo definió orgánicamente una fuerte participación en el convencimiento que en esos espacios de discusión no solo se encontraban en juego los intereses de los trabajadores y sus familias, sino también que, era imprescindible el aporte del movimiento obrero y su concepción sobre esta cuestión para encontrar las respuestas que la sociedad espera.

Hoy ha transcurrido casi una década desde que estos temas se abrieron paso dentro de las preocupaciones de funcionarios, intelectuales, docentes y representantes sectoriales; y el balance de lo actuado y pensado nos ofrece, a mi entender, algunas certezas, muchas incertidumbres y la aparición de nuevos problemas. Trataré de sintetizarlos:

1. Las innovaciones tecnológicas se fueron introduciendo solo paulatinamente en nuestra realidad productiva, determinando la "convivencia" del modelo fordista-taylorista con las nuevas formas de organización flexible del trabajo. Si bien esto aun así en gran medida, es previsible que en un futuro no muy lejano esta superposición desaparezca, debido al inevitable desarrollo del proceso de globalización y la imposibilidad de competir desde tecnologías y formas de organización del trabajo obsoletas.

 

2. Producida esta "unificación", la natural competencia de las empresas por los mercados ya no podrá establecerse en función de la tecnología, que será en alguna medida uniforme y al alcance de todos. Por lo tanto la diferenciación entre empresas recaerá en el tema de los menores costos o en la mayor eficiencia y calidad.
3. Es posible que se pretenda hacer el achicamiento de los costos empleando el salario como variable de ajuste. No es esta una afirmación nacida solo desde la permanente conflictividad empresario-sindical sobre el reparto de las utilidades, sino que se apoya en la fría estadística de los números oficiales. En nuestro país "desde 1995 el salario real cayó un 8%, mientras que la productividad aumentó un 27%. Entre 1995 1998 la producción industrial aumentó un 17%, las horas trabajadas no variaron y el costo laboral cayó un 6,6%. En el mismo lapso la productividad aumentó un 17% mientras que el costo laboral ajustado por productividad, considerando la reducción de las cargas patronales, se redujo un 20%". (Diario Clarín, del 28/5/99, nota firmada por Julio Sevares, apoyándose en estadísticas del Centro de Estudios para la Producción de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía.).

 

Si esta es la tendencia que se desarrollará en el futuro se estará cometiendo, a nuestro entender, un grave error, no solo desde los intereses de los trabajadores, sino también contemplando las necesidades de la empresa misma.

 

Una de las claves del problema es la interpretación que se ha dado al concepto de flexibilidad. Se ha confundido flexibilidad con precarización, términos que, a mi parecer son absolutamente antagónicos. Por precarización entendemos trabajo desjerarquizado, con poca o nula calificación, con alta rotación de los trabajadores, que no asumen ningún compromiso con los intereses de la empresa, ya que la misma naturaleza del vinculo laboral preanuncia su futura e inevitable ruptura. Esta situación poco tiene que ver con un trabajador flexible. En realidad nos encontramos con un trabajador desprotegido, que ante lo precario de su situación es incapaz de desarrollar sus capacidades y establecer un vinculo de pertenencia laboral y social. En este contexto las tareas de capacitación asumidas por la empresa, el trabajador individualmente, el estado o su organización sindical adquieren una importancia más que relativa.

La nueva organización del trabajo requiere de relaciones laborales absolutamente diferentes.

 

Hablamos de una horizontalidad de las responsabilidades, de un nuevo tipo de gestión, donde los trabajadores deben enfrentar tareas que exceden el tradicional puesto laboral, para ubicar sus saberes en el contexto productivo, asumiendo trabajos grupales, que implican la toma de decisiones y la resolución de problemas. Difícilmente podremos identificar esas características del empleo con su precarización.

4. La resolución de esta disyuntiva se definirá, en alguna medida, el escenario futuro. De triunfar la idea de precarización solo podemos imaginar una sociedad cargada de conflictos e inseguridad, empresas no competitivas y en consecuencia un agravamiento aun mayor del desempleo.

Aplicar un genuino principio de flexibilidad, por el contrario va a generar una verdadera competitividad en las empresas, si entendemos que, generalizada la tecnología, lo que las hará diferentes será su forma de organización y la calidad de sus trabajadores.

5. Solo desde esta dimensión tendrá sentido profundizar las propuestas de Formación Profesional, tomando como nuevo principio orientador el concepto de competencia laboral tanto para el diseño, como para la evaluación de las acciones.
6. Adoptar la idea de competencia laboral provocará la inclusión de este componente en la negociación colectiva. No es este un razonamiento interesado; solo incorporando en los nuevos convenios colectivos de trabajo la articulación referida a la necesidad y el derecho de los trabajadores a una formación basada en competencias y el reconocimiento salarial al trabajo calificado derivado de esa formación, se podrá establecer, además de un componente de justicia en las relaciones laborales, la adhesión del trabajador a las necesidades e intereses de la empresa a la cual pertenece.
7. Seguramente las grandes empresas se ocuparan de capacitar en forma selectiva a su propio personal y no consideramos condenable esta actitud, que se encuentra inscripta en la misma noción de competencia capitalista. Solo se podrá reclamar al sector empresario un mayor compromiso en el diseño de las competencias laborales y en el desarrollo de un sistema de pasantías, de carácter esencialmente educativas, pero el grueso de las responsabilidades sociales deberá ser asumido por el estado nacional y las organizaciones intermedias.
8. La estructura del empleo en nuestro país, determina que la mayor parte del mismo se encuentre en las pequeñas y medianas empresas, que por su misma dimensión no pueden generar políticas de capacitación para su propio personal. Creemos que en este caso deberán concurrir, mancomunadamente las acciones del estado y de las organizaciones sindicales para establecer no solo políticas, sino también acciones conjuntas que beneficien a este sector.
9. Resulta necesario terminar de establecer los vínculos entre el llamado sistema educativo formal y la Formación Profesional. El desarrollo del sistema basado en competencias será una inestimable ayuda en esta dirección, particularmente en lo referido al reconocimiento de los saberes adquiridos fuera del sistema formal y en el proceso de articulación entre la Formación Profesional y los Trayectos Técnicos Profesionales.

En el mismo sentido creemos que toma gran importancia en la nueva realidad, pensando en los grupos que han tenido una corta vida escolar, desarrollar un sistema modular que se inicie con el desarrollo sistemático de las competencias básicas, como un primer peldaño en un sistema de educación permanente

10. El nivel de discusión de estas cuestiones es aun de muy poco desarrollo y profundidad dentro del Estado y los actores sociales. Aun no se ha superado la discusión teórica y es tiempo ya de pasar a las acciones concretas. Desde la Confederación General del Trabajo, asumiendo la cuota de responsabilidad que nos corresponde, sé esta generando una política destinada a multiplicar los cuadros sindicales comprometidos con esta problemática.

A pesar de estas consideraciones y de la singular importancia que estos temas adquieren en la agenda sindical no son las acciones de Formación Profesional, ni el sistema educativo en su conjunto los responsables de resolver el problema del desempleo, aunque la aplicación de propuestas adecuadas contribuirá a mejorar las condiciones de empleabilidad de los trabajadores.

Las consideraciones anteriores son para nosotros de particular interés, ya que le otorgan a esta temática su verdadera dimensión política. Quisiéramos agregar que desde esta óptica la Formación Profesional forma parte, por un lado, de las relaciones laborales y como tal debe ser incorporada en toda la legislación del trabajo en general y en las negociaciones de los convenios colectivos en particular, y por otro es integrante también del sistema educativo.

Desde esta ultima dimensión creemos que el mundo educativo puede aportar sustanciales elementos para jerarquizar y optimizar las acciones de capacitación. Entendemos que la Formación Profesional puede nutrir al sistema de nuevas formas complementarias de articulación con el mundo del trabajo.

Pero una tarea previa es, tal vez, definir en que forma y con qué contenidos deberíamos desarrollar nuestras acciones.

En lo referido a los contenidos pensamos que estos se pueden clasificar, por lo menos en cuatro grandes grupos:

1. Como ya mencionamos anteriormente, el desarrollo de una propuesta modular sobre la formación en competencias básicas parece hoy una necesidad impostergable. Entendemos como competencias básicas las vinculadas con objetivos actitudinales, la lecto-escritura, operaciones matemáticas de menor complejidad, el análisis y la comprensión de textos y fundamentalmente la incorporación del concepto de proceso. Equipos de expertos del área de educación junto a otros más vinculados a las acciones de Formación Profesional pueden encontrar rápidamente respuestas en esta área.
2. Las innovaciones tecnológicas y el proceso de globalización generaron ciertas necesidades. No existen dudas sobre la necesidad de capacitación en el uso de las herramientas informáticas que no solo se han generalizado en los más diversos ámbitos laborales, sino que también invadieron la geografía familiar. Lo mismo podemos decir con respecto del conocimiento de lenguas extranjeras y a algunas otras disciplinas. En estas los principales aspectos a tener en cuenta parecen ser la constante actualización, provocada por su permanente evolución y la implementación de modernos recursos didácticos que permitan su incorporación a grupos de compleja heterogeneidad.
3. La actual propuesta de Formación Profesional se encuentra hoy vinculada al punto anterior. Sin desconocer la importancia de estas acciones, deberemos incorporar nuevos diagnósticos que posibiliten la formulación de cursos e itinerarios formativos que respondan a las necesidades particulares de cada espacio laboral. A esto nos referíamos cuando incorporamos el concepto de competencia laboral al inicio de esta exposición. Mucho se ha teorizado en los últimos tiempos sobre esta cuestión y no es mi intención abordar desde esa dimensión el problema. Creemos que el Estado, junto a los empresarios y trabajadores organizados deben establecer rápidamente políticas que permitan:

• Crear un espacio institucional desde donde ejecutar las acciones necesarias, teniendo en cuenta la doble pertenencia del tema al mundo educativo y al laboral;
• Formar equipos técnicos e iniciar el trabajo de observación del mundo laboral desde esta perspectiva.
• Traducir esa información en propuestas formativas.
• Generar programas de capacitación de instructores orientados a la formación por competencias.

Es fundamental que el Estado recupere su capacidad de planificar políticas nacionales de anticipación, a partir de conocer los posibles rumbos de nuestro crecimiento económico, no solo nacional, sino particularmente en lo referido a las economías regionales. Se puede argumentar que la creciente interdependencia de las economías en el mundo hace imposible o inútil este esfuerzo, dado que las recurrentes crisis financieras son casi imposibles de pronosticar, e indudablemente afectan la marcha de los procesos productivos. Esta es una verdad a medias. Las crisis financieras afectan especialmente a los sectores exportadores, que no representan en nuestra estructura de producción más del 10% del total. Es decir que el grueso del P.B.I se direcciona al mercado interno, cuyo comportamiento depende en gran medida de la forma de distribución de la riqueza entre los distintos grupos sociales.

Conociendo el posible rumbo de la economía, que sectores se potenciarán y cuales decrecerán, será posible definir, con alguna aproximación, cual será la demanda de mano de obra en el corto y mediano plazo y a partir de ello, establecer un programa de acción que dé respuestas adecuadas a esa demanda.

Este programa de trabajo deberá contemplar, a nuestro parecer los siguientes aspectos:

1. Un estudio demográfico que permita conocer la densidad de la población, la tasa de desempleo y subempleo, la distribución por edades y sexo y fundamentalmente el nivel educativo de los actuales y potenciales trabajadores.
2. Determinar cuales serán las incorporaciones tecnológicas. En este tema la acción del Estado, hasta el momento, fue irrelevante y por lo tanto dejó librada a la iniciativa del mercado, una cuestión de fuerte importancia social.

Decidir el uso de una determinada tecnología no puede circunscribirse solo a una consideración de eficiencia y competitividad. Junto a ellas se deberá evaluar cual serán sus consecuencias ambientales y particularmente en el mercado del trabajo. Si la tecnología es eficiente, pero provoca deterioro del medio ambiente o destruye puestos de trabajo sin generar una contrapartida similar o superior nos encontramos frente a una tecnología no conveniente y se debe desalentar su empleo.

3. Definido ese punto y conociendo las fortalezas y deficiencias de las competencias laborales de la población, será factible articular una propuesta educativa que contemple con amplitud los diferentes niveles de formación tecnico-profesional necesarios para establecer políticas que tiendan a preservar la integración social.
4. Finalmente, el conocimiento detallado de nuestra realidad socioeconómica actual, de corto y mediano plazo mejorará la capacidad para establecer en que medida las actuales propuestas educativas responden a esa realidad, y cuales son las verdaderas necesidades de capacitación y actualización docente desde la tarea de vinculación con el mundo del trabajo.